Elba Esther GORDILLO, una RECLUSA VIP",en PRIVADO,con MEDICOS,TELE y WI-FI".

Se trata del Hospital María José Roma, ubicado en la calle Cozumel número 62 y al que “La Maestra”, de 71 años, fue trasladada la noche del pasado 21 de enero procedente del hospital público Xoco.

Información de la defensa legal indica que la acusada debe encontrarse en condiciones de recibir atención médica ante la posibilidad de la ruptura de alguno de los dos aneurismas cerebrales que padece y, también, para que no esté expuesta a “enfermedades nosocomiales” o infecciones.

El despacho de Del Toro Carazo, que lleva la defensa de la ex dirigente magisterial, ha estado interponiendo recursos ante el Poder Judicial con la finalidad de impedir que Gordillo Morales sea remitida a alguna celda con el resto de la población penitenciaria y, en cambio, enfrente el proceso penal en su domicilio.

En el hospital en el que se encuentra actualmente, las habitaciones cuestan entre mil 430 y tres mil 900 pesos diarios; su página electrónica agrega que cuentan con teléfono, televisión y conexión a la Internet.

“Se trata de un hospital pequeño, aunque con todos los servicios de alta calidad, personal médico y de enfermería con formación en su mayoría militar, muy experimentado”, informó la defensa de Gordillo, encabezada por Marco Antonio Del Toro Carazo, después del traslado al María José.

El exterior del sanatorio no presenta más vigilancia que dos agentes uniformados que permanecen en una camioneta tipo van sin placas y estacionada en la esquina de la Cerrada de Salamanca. Fernando Martínez Gómez, subdirector de Difusión de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, declinó informar cuántos agentes están asignados a la vigilancia de la reclusa y sólo mencionó que los gastos del internamiento privado corresponden a la defensa.

El María José Roma es el cuarto hospital al que la ex dirigente magisterial es trasladada desde su arresto. Antes pasó dos años y medio en la Torre Médica Tepepan –perteneciente al Reclusorio Femenil con el mismo nombre–, en una habitación que la información de Del Toro Carazo describe “sin luz solar” ni ventilación.

De ahí, en noviembre de 2015, fue trasladada al hospital privado Ángeles Interlomas, donde, agrega la misma fuente, le revisaron los dos aneurismas y fue intervenida quirúrgicamente “para fortalecer la pared abdominal que se había debilitado ante la falta de un órgano donado (su riñón)”. De éste, el pasado 21 de enero fue traslada a Xoco, y de ahí en pocas horas al María José.

“Desde un punto de vista jurídico, la maestra Gordillo tiene derecho a que se vele por el nivel más alto en su salud posible. Lo anterior conforme los artículos 1º y 4º Constitucionales”, explica la defensa en una página electrónica creada para difundir posicionamientos con respecto al caso.

En el mismo texto, se menciona que Gordillo también padece hipertensión y que el encierro sin luz ni movilidad le han causado “ansiedad”, lo que puede detonar una ruptura de los aneurismas.

Ayer, diversos medios reportaron que un Tribunal Unitario había resuelto ordenar la reposición del procedimiento con el que, en septiembre pasado, se le había negado a la procesada el beneficio de la prisión domiciliaria.

Y, también ayer, La Jornada reportó que el Quinto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México tiene un proyecto de resolución que exonera a la también ex integrante del Partido Revolucionario Institucional de los delitos de lavado de dinero y de delincuencia organizada.

Luego de haber militado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y más de dos décadas de dirigir el SNTE, Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, acusada por la Procuraduría General de la República de operaciones con recursos de procedencia ilícita ¬¬–alrededor de dos mil millones de pesos de cuotas de maestros–, delincuencia organizada y, posteriormente, defraudación fiscal.

Los beneficios que ha obtenido Gordillo contrastan con los de otros reos con perfil político detenidos en la presente administración federal, como el del líder michoacano de grupos de autodefensas José Manuel Mireles Valverde, preso desde junio de 2014 en el Penal Federal Número 11, en Sonora y, de acuerdo con sus abogados, sin permiso para recibir correspondencia ni atención médica para la diabetes que padece.

Otro caso es el de Nestora Salgado García, comandante de la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá, en la región de La Montaña de Guerrero, detenida el 21 de agosto de 2013 y cuya defensa acusa “detención ilegal, arbitraria” y sin presunción de inocencia.