El gobernador Silvano Aureoles ofreció poner punto final al tema de los grupos de rebeldes,

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Se acercan a autodefensas

El gobernador Silvano Aureoles ofreció poner punto final al tema de los grupos de rebeldes, sin embargo, en la zona sur del estado siguen movilizándose más de 5 mil hombres armados que insisten en tomar el papel rector del estado para combatir al crimen organizado

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POR J. JESÚS LEMUS - Jueves 8 de octubre de 2015

De acuerdo a las cifras del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en las regiones de la Sierra Costa Nahua, Montaña y Tierra Caliente, aún se mantienen activos al menos 11 grupos de autodefensas que agrupan a por lo menos 5 mil civiles armados que no manifiestan intenciones de negociar con el gobierno estatal un armisticio.

Si bien es cierto que el gobierno de Silvano Aureoles, a través de la secretaría de gobierno que encabeza Adrián López Solís, ha comenzado a buscar el diálogo con algunos jefes de los grupos armados, también es cierto que los cuatro comandantes de autodefensas contactados a la fecha se han negado a negociaciones, en tanto no se otorgue la libertad de todos los autodefensas presos.

Pese a que mediáticamente solo se reconoce el encarcelamiento de cuatro jefes de autodefensas: José Manuel Mireles Valverde, Semeí Verdía Zepeda, Agustín y Efraín Villanueva Ramírez, existen al menos otros 320 integrantes del movimiento de civiles armados que se encuentran recluidos en diversas cárceles del país, acusados de delitos diversos que van desde delincuencia organizada y narcotráfico, hasta extorsión, portación de armas y homicidio calificado.

Fuentes del interior de la secretaría de gobierno del estado de Michoacán revelaron a Reporte Índigo que los primeros cuatro comandantes de igual número de autodefensas de la zona de la Costa Sierra Nahua, declinaron sentarse a la mesa del diálogo con funcionarios del gobierno de Michoacán, en tanto no se otorgue la libertad de por lo menos el comandante Semeí Verdía Zepeda.

Cabe recordar que a Semeí Verdía, el que era considerado el sucesor del doctor José Manuel Mireles Valverde al frente de los grupos de autodefensa, se le mantiene en prisión por delitos señalados por la procuraduría del gobierno de Michoacán, luego que la PGR no lo pudo mantener retenido bajo la acusación de uso de armas de uso exclusivo del ejército. El gobierno estatal de Salvador Jara lo acusó de robo y homicidio.

El gobernador Silvano Aureoles, en el primer acto oficial de su gestión, durante la firma del convenio para el establecimiento del mando único en el municipio de Tuzantla, advirtió el fin de los grupos de autodefensas. “No puede haber ciudadanos armados haciendo tareas que le tocan al gobierno”, dijo. Y después instruyó a la búsqueda del diálogo con los civiles armados.

Tienen fundada desconfianza

La negociación con los grupos de autodefensa no se ha podido concretar porque desde las barricadas se observa con desconfianza la actuación de las autoridades, aseguró el comandante Felipe, del grupo de autodefensas de Aguililla. Al menos ese grupo de civiles dijo que no aceptará ningún tipo de negociación con las autoridades, en tanto no se logre la liberación de todos lo autodefensas encarcelados, “los que cometieron el delito de defender su vida, sus familias y sus propiedades que eran codiciadas por los Caballeros Templarios”, destacó.

Desde la óptica del jefe de la revuelta civil en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco, el principio de la negociación entre autodefensas y gobierno estatal o federal debe ser si no la liberación de los encarcelados, sí la buena voluntad para que se promulgue una ley de amnistía que beneficie a todos los que siguen alzados en armas, los que se niegan al armisticio ante el riesgo de su subsecuente encarcelamiento.

Esta no es la primera ocasión en que el gobierno estatal intenta negociar la paz con los grupos de autodefensas. El primer gobernador en enviar una comisión de acercamiento con los civiles alzados fue Jesús Reyna García, quien luego de sus intentos por desmovilizar a los civiles armados fue exhibido en un video en donde aparece dialogando con Servando Gómez Martínez, jefe de los Caballeros templarios. A causa de ese video Reyna García se encuentra sometido a proceso en la cárcel federal de Almoloya.

Frente a esa desconfianza, el día de ayer el gobierno estatal mandó una primera señal de buena voluntad para iniciar el dialogo con algunos jefes de autodefensas: se difundió que la magistrada María de los Ángeles Llanderal dejó sin efecto una orden de aprehensión en contra del comandante Semeí Verdía, otorgándole libertad a lo que hace en la acusación de robo.

Semeí Verdía, cuya libertad se reclama como base de la negociación para el armisticio de algunos grupos de autodefensa, continúa preso en la cárcel de Morelia, en donde se le sigue un proceso por el delito de homicidio. Antes de que concluya este mes otro magistrado determinara si procede o no el amparo solicitado por la defensa del jefe de los autodefensas.

Ley atorada por el PRI

De acuerdo al análisis que hace el Cisen sobre la situación que prevalece con los grupos de autodefensa en Michoacán, se observa difícil que se sienten al diálogo para la paz bajo la sola convocatoria del gobierno estatal. Los rebeldes armados están reclamando la entrada en vigor de la ley de amnistía para todos lo autodefensas presos.

Dicha ley, también conocida como la Ley Mireles, que fue promovida por un grupo civil y senadores del PAN y PRD ante el senado de la república, fue frenada el año pasado en esa instancia, a sugerencia de la entonces senadora del PRI y hoy Procurador General de la Republica, Arely Gómez González, bajo el argumento de que dicha ley liberaría “a 383 delincuentes”.

Arely Gómez, en su calidad de secretaria de la Comisión de Justicia en el senado, argumentó que la llamada Ley Mireles sería en todo caso una acción pervertida del Estado en contra de los ciudadanos, toda vez que “generaría impunidad, al liberar a personas que están acusadas de portación de arma de fuego, delitos contra la salud y extorsión”.

Frente a ese panorama, según fuentes del Cisen, no se descarta la posibilidad de que el mismo gobernador Silvano Aureoles Conejo entre en negociación con el líder el PRI, Manlio Fabio Beltrones, a fin de reactivar la iniciativa de ley, esta vez con la intención de mandar una clara señal de buena intención hacia los grupos de autodefensas que siguen movilizándose, en guerra abierta contra el cartel de los Caballeros Templarios.

Cambio de discurso

Frente a la política de negación profesada durante la administración fallida de Salvador Jara Guerrero, cuando el discurso oficia revelaba que los grupos de autodefensa ya se habían desmovilizado, resalta el discurso abierto de la nueva administración: oficialmente se reconoce la existencia de solo seis grupos de civiles armados.

De acuerdo a las primeras declaraciones, en calidad de secretario general de gobierno de Michoacán, Adrián López Solís reconoció públicamente el problema de los civiles armados, los que se alzaron contra el crimen organizado. Aunque el funcionario no ha señalado la cantidad de hombres que integran esos seis grupos, ha sido claro al señalar que las autodefensas tienen el control de la seguridad en la zona Costa Sierra Nahua y Tierra Caliente, donde dominaba el cartel de los templarios.

El reconocimiento oficial de la existencia de los grupos de autodefensa ha sido tomado también por algunos jefes del movimiento armado como un signo de buena voluntad por parte de la administración estatal, pero no terminan por convencerse de las intenciones del nuevo gobernador.

“Tiene que estar libre primero el doctor Mireles, antes de sentarnos a dialogar con el gobierno”, dijo un miembro de las autodefensas de la zona de Tancítaro, donde en los últimos días se detuvo a integrantes de ese grupo armado y se les ha señalado de delitos diversos, principalmente portación de armas, con lo que aumenta el número de autodefensas encarcelados.

Otra señal que mandó el gobierno estatal para demostrar su buena intención de diálogo con los autodefensas que siguen en pie de guerra, fue a detención preventiva de cinco directores de Seguridad Pública, los de los municipios de Carácuaro, Tiquicheo, Huetamo, Susupuato y Nocupétaro, quienes habían sido señalado por las autodefensas como colaboradores del crimen organizado.

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