Nueve ejecutados ayer en Acapulco; en la capital chocan taxistas y queman vehículos

A las 5 de la tarde, fue asesinado a balazos el ex director de Reglamentos y Espectáculos Carlos Yebale de la O, en el poblado de Llano de Largo.

Según el reporte preliminar de la Policía Federal, Yebale de la O fue asesinado cuando estaba en el taller mecánico de motocicletas “Motos Compita”, ubicado en la calle Jesús Cruz Chopin, cerca del cuartel de la Policía Montada.

El ex funcionario quedó tirado en el suelo y un familiar que estaba con él cuando ocurrió el crimen lo levantó y se lo llevó a una casa.

El dueño del taller de motocicletas cerró el negocio y se informó que los vecinos se negaron a proporcionar datos a los policías.

Yebale de la O fue designado como director de Reglamentos y Espectáculos en la administración municipal de Luis Walton Aburto el 14 de enero de 2013; también fue director de Parquímetros.

El ex funcionario era militante del PRD e integrante del Grupo Guerrero que lidera David Jiménez Rumbo, pero en las pasadas elecciones se sumó a la campaña del candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Astudillo; fue precandidato por el mismo partido a diputado local por el distrito 07.

Yebale de la O estaba casado con la regidora del PRD en la administración añorvista, Maritza Villanueva, quien apoyó al ex alcalde Manuel Añorve cuando éste compitió por la gubernatura. Era originario del poblado de El Arenal, cercano a Tres Palos y a Llano Largo, donde fue asesinado.

En otro caso, a las 3 de la mañana se reportó al número de emergencias 066 el asesinato de tres hombres en el fraccionamiento Marroquín y que cerca de ellos quedó un vehículo abandonado.

Apenas el sábado en la tarde, en la calle Tiberios de ese fraccionamiento, el albañil Isaac Arce, de 27 años, fue ejecutado.

Soldados, policías federales, estatales y municipales llegaron ayer a la calle Nerón, ubicada atrás de la empresa de vehículos Dodge, de la avenida Cuauhtémoc, y encontraron a los tres hombres asesinados a balazos.

Dos de las víctimas fueron halladas entre la banqueta y la calle, mientras que el tercero quedó adentro de un vehículo sedán blanco, con placas de circulación HFU-4885.

Durante las diligencias realizadas por un agente del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía Regional, se hallaron 11 casquillos percutidos calibre 9 milímetros regados en la calle.

Por la tarde, los tres cuerpos fueron reclamados ante el Ministerio Público por sus familiares.

Uno de los ejecutados se llamó Diego Armando Zequeida Irra, de 29 años, quien trabajaba como tablajero, el otro Cristian de Jesús Román, de 23 años, y el último Alejandro Espinoza Hernández, de 32 años.

El asesinato de otro hombre fue reportado a las 11 de la mañana en la colonia Cumbres de Figueroa, en la parte de atrás del Colegio La Salle.

Los agentes policiacos que llegaron a la calle Privada de La Loma y avenida México encontraron a un hombre tirado y con disparos en la cabeza, amarrado con un mecate de las muñecas de las manos y huellas de tortura.

Según versiones policiacas, personas armadas a bordo de un vehículo, sin precisar el modelo, soltaron a la víctima, de unos 25 años, y le dispararon por la espalda.

La victima vestía un short azul marino con una playera del mismo color; durante las diligencias del Ministerio Público se encontraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 38 súper.

A las 8 de la noche se reportó un vehículo abandonado y con un cuerpo en la cajuela en el bulevar de Las Naciones, por el poblado de La Poza.

Los agentes policiacos que llegaron al bulevar, por donde se ubican la gasolinera y un Oxxo, y encontraron un vehículo Tsuru blanco parado en la vía.

Al revisar los agentes el automóvil en la cajuela encontraron a un hombre encima de una bolsa negra de plástico, con las manos amarradas hacia atrás.

La víctima, se informó, tenía disparos en el rostro y al parecer estaba degollada, y encima le dejaron los agresores una cartulina blanca con un narcomensaje en la que se leía: “Esto me pasó por andar robando y extorsionando por ordenes del Erizo y del CF y del Correcaminos, sigan mi ejemplo”.

Una hora después, una mujer fue asesinada en la colonia La Laja, por la iglesia San Nicolás de Bary, y le dejaron también un narcomensaje.

Policías federales y del estado llegaron a la calle Retorno de los Amates, en dicha colonia, y encontraron a una mujer sentada en la banqueta, recargada en una pared y con dos disparos en el rostro.

Cerca de la víctima, de unos 25 años, estaba una cartulina verde fluorescente con un mensaje en el que se leía, según las autoridades: “Esto me pasó por morder la manos que me mató el hambre. Att: La Gallina o el 9”, allí también había un ramo de flores blancas y una bolsa de plástico azul.

En el lugar, los agentes encontraron dos casquillos percutidos, uno de ellos calibre 9 milímetros y otro de 380.

Con esta mujer asesinada, en 10 días van siete, y entre las víctimas hay calcinadas, ejecutadas a balazos y desmembradas.

Finalmente, el cuerpo de una persona, de la cual no se precisó el sexo, fue hallado adentro de un tambo de plástico con cemento en el poblado de San Pedro Las Playas.

Según el informe policiaco, a las 8 de la noche se reportó a las autoridades que en esa zona había un tambo blanco con cemento del que escurría sangre.

Los agentes llegaron a dicho poblado, frente al panteón en la carretera nacional Acapulco-Pinotepa, y encontraron el tambo de plástico blanco y adentro el cuerpo de una persona de la que no se informó el sexo debido a que estaba cubierto con cemento.

El tambo de plástico fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para extraer el cadáver.

En el año se han registrado en promedio 12 feminicidios por mes, informó la presidenta del Bloque de Mujeres al Poder, Silvia Galeana Valente, una de las organizaciones que participaron en el Conversatorio Ciudadano Femigrantes en la ruta al Encuentro Nacional Feminista.

Las participantes acordaron que extenderán los conversatorios a otras regiones, a fin de generar una agenda estatal para seguimiento de los feminicidios.

Consultada al terminar el Conversatorio Ciudadano, sobre la declaración de Zamora Acosta que calificó como feminicidios los asesinatos de mujeres y convocó al gobierno del estado a emitir una alerta de género, la presidenta de la Organización Ciudadanía contra la Violencia y Empoderamiento de las Mujeres, Rosa María Gómez Saavedra, consideró que los asesinatos en las últimas semanas en Acapulco son feminicidios por la forma en que sucedieron.

Agregó que ha habido funcionarios que no han querido reconocer que en la guerra contra el narcotráfico se están dando feminicidios, “todas las muertes tienen que ser reconocidas como tales, por la forma en que se ha matado a las mujeres”.

Gómez Saavedra recordó que la alerta de género es un mecanismo de la ley 553 de acceso a las mujeres a una vida digna y sin violencia, que se da a través del Sistema Estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra la mujer y lo preside el secretario general de Gobierno.

Por su parte, de la organización Raíz Zubia, Susana Oviedo, expuso que se podría decir que son y no feminicidios las muertes violentas de mujeres ocurridas en las últimas semanas; que algunos los considerarían ajuste de cuentas vinculados con el narcotráfico, pero que por la manera en que fueron ejecutadas, en algunos casos torturadas, violadas y mutiladas, se considera feminicidio porque hay muestra de saña y goce del agresor.

“Creo que si es un feminicidio que se da desde el ambiente del narcotráfico a veces por su pareja y en otras condiciones porque las mujeres tienen desventaja en el asunto de la fuerza, tiene que ver desde el asunto del temor”, señaló.

Nayeli Rodríguez, de la misma organización, manifestó que por parte de las autoridades hay resistencia a emitir una alerta de género porque sería aceptar que no se trabaja en la prevención, pero recordó que de 2011 a 2013, Guerrero obtuvo el segundo lugar en feminicidios y homicidios, de los 297 identificados a nivel nacional, y sólo el 10 por ciento se consideró feminidio en el estado. Y actualmente también se tiene el segundo lugar en muertes violentas de mujeres, atrás de Ciudad Juárez y del estado de México.

La presidenta de Mujeres en Vanguardía, María de Jesús Martínez, indicó que toda muerte violenta debe de ser investigada como feminicidio, que no se debe de permitir que las autoridades justifiquen los homicidios de las mujeres. “El estado debe de poner atención a esta amenaza hacia el género”.

La coordinadora Nacional de Articulación Rumbo al Décimo Encuentro Nacional Feminitra, Maribel Cruz Olguín, expuso que la preocupación, más que si se ha incrementado el número de mujeres asesinadas, debe de ser el porqué se está matando a más personas, que no se cuestiona la participación de niños en la delincuencia como se hace con las féminas. “Lo que se debe de cuestionar es porqué la delincuencia sigue avanzando”.

En el caso de la alerta emitida en el estado de México por los feminicidios, Cruz Olguín señaló que ésta debería de ser a nivel nacional, además de que es sólo para 11 municipios de los 125 que tiene ese estado, y cuestionó cuál será la metodología y si se tiene conciencia de lo que es una alerta de género.

Silvia Galeana expuso que  uno de los objetivos del Conversatorio es que las autoridades reconozcan la incidencia y cómo la violencia contra la mujer impacta de manera directa a la sociedad, e indicó que siete de cada 10 mujeres han sido violentadas en su vida y cuatro de cada 10 han intentado suicidarse.

Agregó que se buscan que el estado vea como un problema grave la agresión a las mujeres, “es una pandemia que ya se salió de control”, además de trabajar en una transformación social.

Dijo que también se pretende precisar en qué momento se tiene que activar una alerta de feminicidio, que es un mecanismos de prevención y erradicación de la violencia sistemática.

Galeana Valente informó que en Acapulco durante el año, según el registro que realiza el Bloque, se registraron 12 feminicidios por mes y es uno de los municipios más violentos del estado.

Agregó que la principal razón de las muertes violentas es que se considera a las mujeres como una propiedad y la mayoría de los casos ésta encuentra la muerte en manos de gente cercana a ella.

Durante el conversatorio. que estuvo encaminado a las propuestas que se llevarán al Encuentro Feminista que se realizará del 16 al 18 de octubre en Toluca, estado de México, las participantes expusieron lo que ellas consideran que llevó a las mujeres a “un estado de sitio” en el que se encuentran.

Coincidieron en que el problema es sistemático, que la violencia es un problema ancestral que se centra en la explotación del cuerpo como un negocio, complicando su combate cuando es la segunda fuente de ingresos de los grupos criminales.

Otro de los puntos por los que se consideró que la mujer sigue padeciendo violencia es por problemas culturales, la desigualdad y el poco acceso a la justicia.

En el qué hacer para avanzar en lo que ya se tiene diagnosticado, las asistentes propusieron que se genere un movimiento en el que se obligue al estado a responder, garantizando las condiciones de igualdad para las mujeres, porque hay poco interés en desarrollar políticas públicas con equidad de género y las mujeres que llegan al poder no defienden los derechos de las demás.

Visibilizar los problemas fue otra de las propuestas, esto a través de un observatorio ciudadano de violencia para que se tengan estadísticas concretas de los casos de agresiones a mujeres; darle seguimiento a los avances que se tengan como organizaciones para fortalecer lo que existe y crear lo que se necesite.

El grupo de mujeres acordó desarrollar una agenda en común donde los objetivos de cada organización civil se siga de manera colectiva, para lo cual también se propuso hacer conversatorios en otras regiones del estado y así tener el panorama estatal de los problemas que enfrentan las mujeres para combatirlos en conjunto. Nuevamente se reunirán en Acapulco el 4 de agosto, para generar la agenda estatal con la cual trabajarán.

Y nuevamente llamó a quienes causan la violencia a que se den cuenta del “grave” daño que dejan en personas inocentes, en las familias y la sociedad.

Garfias Merlos asistió a la inauguración del Centro de Jóvenes por la Paz, que se instaló en la parroquia de la Inmaculada Concepción de la colonia Morelos, uno de los polígonos que, dijo el director de la organización civil Servicios a la Juventud, Gustavo Hernández, es uno de los que más problemas tiene con la violencia.

Se espera que de tener el presupuesto y la capacitación de personal se puedan abrir cinco centros más para atender a los jóvenes que han desertado en la escuela, que no tienen trabajo y los que han sido víctimas de la violencia.

Consultado sobre la violencia en Acapulco, el arzobispo dijo que es la triste realidad. “Insisto en que cada vez que hay una realidad violenta los que tenemos posibilidades de asumir un compromiso y darle atención a las víctimas lo hagamos, y a los que siguen generando la violencia los llamo a que realmente se den cuenta del grave daño que hacen a personas inocentes, a familias y la sociedad”.

De los resultados dados a conocer por el Instituto para la Economía y la Paz, que calificó a Guerrero entre los estados menos pacíficos de México y que la impunidad es uno de los factores que generan la violencia, Garfias Merlos indicó que al aparecer el índice de paz tiene un valor, un sustento de investigación. “En México hay muchos hechos de impunidad que crean más desconfianza e inseguridad en la población”.

Consideró que las autoridades hacen su esfuerzo, que constantemente planean programas y “desde la sociedad civil cada quien haga su esfuerzo y en la medida en que nos sumemos conjuntamente con las autoridades podremos dar más atención a quien sufre los efectos de la violencia”.

En relación al Centro de Jóvenes por la Paz que comenzó a funcionar en la colonia Morelos, el arzobispo afirmó que son alternativas para los jóvenes que se encuentran vulnerables. “Ciertamente con la violencia y la inseguridad en nuestro entorno los más dañados son los jóvenes, para nosotros desde la iglesia el centro de atención es una esperanza extraordinaria”.

Agregó que se han buscado modelos para seguir atendiendo a los jóvenes, como un Centro de Barrios Unidos en Cristo, que daría acompañamiento a quienes estén en situación de conflicto y requieran de rehabilitación.

En la inauguración del Centro de Jóvenes por la Paz, que es el piloto del programa que tiene Servicios a la Juventud en otros estados del país, se informó que se inició en la colonia Morelos porque es uno de los polígonos afectados por la inseguridad y que tiene las condiciones para que se desarrollen las actividades por la cercanía de instalaciones deportivas, además de la disposición de la iglesia.

El director de Servicios a la Juventud, Gustavo Hernández, explicó que en dicho centro se busca prevenir la deserción escolar, incentivar la reinserción laboral, romper el ciclo de violencia y reconstrucción del tejido social, así como disminuir el impacto de la violencia en los jóvenes en comunidades de riesgo.

El trabajo se divide en jóvenes de 13 a 16 años para que no deserten de la escuela y encauzarlos a los deportes; de 17 a 24 años insertarlos en el área laboral y evitar también que dejen los estudios.

Resaltó que la gran parte del trabajo de los coordinadores del centro estará en las calles, con el acercamiento a los jóvenes empezando en las escuelas y después en la propia colonia, donde puedan acompañarlos emocionalmente y darles herramientas para su desarrollo.

Actualmente el Centro ya trabaja con 30 jóvenes, tiene tres brigadas comunitarias, está en el proceso de acercamiento con familiares víctimas de la violencia y tiene coordinación con 15 instituciones para canalizar o vincular a los jóvenes a la actividad laboral.

Garfias Merlos explicó que la intención es que se expanda el modelo a otras colonias, que el piloto es para que se vaya conociendo y capacitando a quienes en un futuro puedan atender otros centros cuando se tenga el financiamiento, debido a que a los tres coordinadores que se tienen perciben un salario.

La jefa de programas de Servicio a la Juventud, Teresa Lanzagorta Bonilla, resaltó que el país tiene una gran deuda con la juventud, que los jóvenes están en riesgo cuando no hay un lugar para ellos donde se puedan sentir seguros y no juzgados, donde puedan encontrar la posibilidad de estudio, trabajo y convivencia que les permitan definir lo que quieren en la vida.

El rector de la Universidad Loyola, Enrique Pasta Muñuzuri, resaltó que con ese tipo de centros se ataca la violencia.

La COSTEG es encabezada por Inocente Mojica Peña, quien fue director de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, y es señalado por el líder de la CETIG, Juan Mendoza Tapia, como integrante del crimen organizado, luego de que un chofer de su organización asesinó a otro en mayo.

Mojica Peña anunció que hoy se parará todo el transporte en la ciudad, dijo que no van a circular taxis, Urvan ni mixtas.

La irrupción de ayer en el centro de la ciudad fue cuatro horas después de que integrantes de la CETIG revisaban combis para detectar piratas sobre la avenida Benito Juárez, golpearon a dos choferes de la COSTEG, y destruyeron una Urvan que llevaba pasajeros.

Fueron heridas nueve personas de su organización, de las cuales dos resultaron graves, una recibió 14 puntadas en la cabeza, otra ocho puntadas en el labio inferior, y las demás tienen fracturas en brazos y pies, informó el dirigente Juan Mendoza.

Choferes y líderes de 70 organizaciones de transportistas de Chilpancingo entraron violentamente al plantón de maestros que apoyan a las familias de los 43 normalistas desaparecidos, en busca de los choferes de la CETIG.

A las 2:49 de la tarde más de 500 choferes afines a la COSTEG marcharon desde el mercado Baltazar R, Leyva Mancilla, donde desde el domingo colocaron un filtro de revisión en contra de unidades sin permiso. En su caminata se pararon en el parque Bicentenario y otra vez en la alameda Granados Maldonado.

En esta segunda parada los manifestantes cortaron una rama de un árbol que después usaron en contra de los de la CETIG, mientras otros despegaron un tubo de un bote de basura.

Los choferes y líderes se dividieron en dos partes, unos caminaron por el andador Zapata y otros por la avenida Benito Juárez, se unieron en la calle Francisco I. Madero e ingresaron juntos al Zócalo capitalino a las 3:17 de la tarde, donde golpearon a los choferes de la CETIG.

Destruyen el campamento y amenazan de muerte a los nueve heridos

Ya en el Zócalo arremetieron contra todo a su paso, golpearon las carpas donde duermen maestros, y cortaron los cables de los que se sujetan los techos de las tiendas de campaña.

Los pocos integrantes de la CETIG que estaban en el plantón lanzaron piedras y cohetes para tratar de inhibir la agresión, pero sólo provocaron que aumentara el nivel de violencia de los choferes de la COSTEG.

Con palos de hachas que compraron en el mercado, los agresores golpearon al menos a nueve personas en la cabeza, tórax y piernas y pedían a los reporteros que no los grabaran ni les tomaran fotos.

Tras las agresiones, amarraron de los pies a los heridos y los acostaron bocabajo en la rampa de acceso al Zócalo.

La sangre brotaba de las cabezas de los nueve trasportistas de la CETIG sometidos, mientras los atacantes les gritaban que los quemarían vivos, y que eso se lo “habían ganado” por llegar a la ciudad.

Al lugar llegaron algunos familiares de los heridos pero no permitieron que los auxiliaran, y amenazaban que si intentaban hacer algo irían en contra de ellos.

Durante el ataque algunos de los choferes de la CETIG escaparon, pero minutos después regresaron para auxiliar a sus compañeros, uno gritó que “la guerra no está perdida”.

A los heridos los mantuvieron más de 30 minutos en el piso, hasta que llegó una ambulancia de Protección Civil del estado, pero ante su llegada, ningún integrante de la COSTEG se hizo responsable y todos abandonaron el lugar.

En la plancha del Zócalo estaban estacionados 45 vehículos, siete eran taxis, 29 eran Urvan y nueve automóviles particulares.

En la irrupción incendiaron seis carros, una camioneta de la Secretaría de Salud, otro particular y tres urvans de la CETIG.

A la plancha del Zócalo capitalino llegaron dos camiones de bomberos a controlar las llamas, ya que se corría el riesgo de que los carros explotaran porque los integrantes de la COSTEG perforaron los tanques de gasolina.

Ahí llegó el líder de la COSTEG, Inocente Mojica, quien dijo que cada parte se haga responsable de sus actos, que él se haría cargo de lo suyo, a pesar de que “ya no pudimos llegar a tiempo para evitarlo”.

A pesar de que no marchó con los choferes, estuvo en la reunión previa a la marcha y dijo que no pudo hacer nada por detener a los choferes de su organización, “cada quien es responsable de sus actos… a cada acción hay una reacción”.

Dijo que la acción no era en contra de los maestros que tienen un plantón en apoyo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino de los transportistas a los que calificó de delincuentes.

“Este señor Tapia viene a violentar los derechos de los transportistas, a los pobres choferes los dejó aquí”, agregó.

Aseguró que los trabajadores del volante de la capital, antes, no habían atacado a nadie, pero aseguró que las autoridades del estado no les dieron otra opción.

Después de las agresiones, el integrantes de la CETIG, Juan Carlos dijo que la guerra no estaba perdida, y que los choferes de la COSTEG actúan en contubernio con el crimen organizado, además para obtener una placa para circular como transporte público deben de pagar 30 mil pesos.

Durante la irrupción llegó personal de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), pero se les negó el acceso a la zona donde estaban los heridos, que fueron trasladados por Protección Civil del estado al hospital general.

Al lugar sí llegó el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, quien lamentó que se recurra a grupos de choque para contener los movimientos sociales, como sucedió en Tlapa.

“Es lamentable que el gobierno municipal y del estado tengan que recurrir a esas prácticas, hoy vemos con mucha preocupación que no es la Policía Federal o Estatal quienes hacen este tipo de acciones”, agregó.

Enfatizó que el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores habla de paz pero “este tipo de paz no es la que se quiere, se quiere justica, la verdad de lo que sucede”.

“Nos indican que de aquí en adelante la práctica del gobierno será siempre en este sentido”, advirtió.

Después de los ataques, los choferes de la CETIG limpiaron la plaza cívica, donde colocaron letreros para evitar que las personas pasaran por el campamento y evitar un accidente.

Llevaba sus caras cubiertas, tubos, cuetes y bombas molotov que no fueron utilizadas durante su actividad.

Durante su revisión golpearon a dos choferes de Urvan. El primero de la ruta Plan de Ayala Parte Alta, que no quiso detenerse cuando le indicaron que lo hiciera, y el segundo de la ruta Normal, quien intentó atropellar a un chofer de la CETIG en su intención de huir.

En la primera Urvan los choferes intercambiaron insultos, y al que iba solo lo rociaron con gas de un extintor, en el vehículo viajaban señoras de la tercera edad y niños. En la otra Urvan también iban pasajeros, y a pesar de eso les rompieron las ventanas.

A las dos unidades que detuvieron les rompieron las ventanas y los medallones, no portaban placas ni permiso de circulación de transporte público, pero en los números que se les rotuló en sus puertas indicaban que pertenecían a la OTACH y a la UTICHAC, organizaciones que desde el domingo se unieron a la COSTEG.

Los de la CETIG decomisaban las unidades del servicio público que identificaban como piratas, en algunas ocasiones les retiraban las placas.

“Hemos venido denunciando hasta el cansancio que esa gente es de la delincuencia organizada, Inocente Mojica Peña y Jaime Salgado Rizo, y los pistoleros como El Charro que trabaja en un Urvan pero son pistoleros de la delincuencia organizada”, agregó.

Acusó que esa organización respaldada por otras ocho quieren que sólo operen en la capital del estado sus unidades irregulares.

Dijo que la postura de su organización es que sean eliminadas 300 concesiones, ya que asegura que se entregaron de manera irregular, por lo que es necesaria una depuración.

Informó que en la capital operan unidades piratas y exigió que se le aplique la ley, aunque consideró que esto es “un grito en el desierto”, ya que las autoridades están coludidas con esas organizaciones de transportistas.

“Son del grupo de choque de Héctor Astudillo, hoy nos enviaron a su avanzada, no queda más que la autoridades actúen, se veía venir pero no hicieron nada para evitarlo”, se quejó.

En la noche acudió al Zócalo capitalino un agente del Ministerio Público para hacer el peritaje correspondiente sobre los daños a 45 unidades.

El líder anunció que denunciará a los líderes de las COSTEG y las organizaciones afines a ésta, por las lesiones.

Agregó que no permitirán que sigan operando las unidades irregulares en la capital, “si nosotros no trabajamos ellos tampoco lo harán”.

La mañana de este lunes la misma actividad comenzó a las 9 de la mañana, pero ahora los choferes y líderes de organizaciones llevaron carpas y sillas.