“En Coahuila todas las policías controladas por el crimen”; amenazan a madre de desaparecido para qu

Skorpio 28.06.15 16:00

“En Coahuila todas las policías controladas por el crimen”; amenazan a madre de desaparecido para que no investigue

Por: Emma Martínez / 27 junio, 2015

“En Coahuila todas las policías controladas por el crimen”; amenazan a madre de desaparecido para qu 2-2

(27 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Llegan generalmente en grupos de más de tres, se acercan a la víctima en una calle o estacionamiento, o irrumpen en su casa o choza, ricos o pobres, en una ciudad o en una zona rural. Llegan en cualquier momento del día o de la noche, habitualmente vestidos como guerrilleros y siempre armados.

Sin dar explicaciones, casi siempre sin decir quiénes son y en nombre de quién actúan, se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia, los suben a un automóvil mientras los golpean e insultan.

La anterior suele ser generalmente la escena que narran los testigos de las desapariciones forzadas, “el primer acto del drama que lleva a una de las peores tragedias padecidas por una persona, violación particularmente odiosa de los derechos humanos”, describe la Organización de las Naciones Unidas.

Antonio Robledo Fernández, oriundo del Distrito Federal, inició su carrera profesional trabajando para la empresa de ingeniería, procuración y construcción ICA Flour, tres meses después fue enviado a trabajar a Monclova, Coahuila, en un proyecto de suma importancia, ya que se trataba de la construcción de dos hornos para la acerera Altos Hornos de México, que la posicionarían como la más importante de Latinoamérica.

Una tarde Antonio estacionó su carro en las instalaciones de una tienda de accesorios de carros, mientras conversaba con su novia vía telefónica, ella escuchó gritos y las voces de varios hombres que lo insultaban, poco después la chica pareció identificar un pleito y golpes de los cuales Antonio se quejó, después de eso no se supo más. Gracias a ella los familiares supieron la ubicación donde acontecieron los hechos.

María Guadalupe Fernández Martínez, madre de Antonio, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que “fue indescriptiblemente difícil que las autoridades correspondientes le otorgaran credibilidad a nuestros testimonios. Diez días después de la desaparición de mi hijo nos encontrábamos en Monclova, cuando el jefe de seguridad de la compañía nos buscó, con el cometido de llevar a dos miembros del crimen organizado con él para amenazarnos, ya que querían impedir que nosotros siguiéramos con la investigación”.

“Buscamos al Procurador de Justicia del Estado de Coahuila y le comentamos el hecho, le aseguramos que estos sujetos nos dijeron que si asistíamos a cualquier reunión con las autoridades no serviría de nada, porque ellos tenían control sobre todas las policías; nos escuchó pero hizo caso omiso, porque sin duda alguna existían fuertes nexos entre las autoridades y el crimen organizado”.

La familia de Antonio interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), asegurando que ahí tampoco dieron credibilidad a sus testimonios. “Fueron dos largos años los que pasamos asegurando que el jefe de seguridad de ICA Flour nos había hostigado y por lo tanto exigíamos que se abriera una línea de investigación relacionada con el sujeto, pero no teníamos ninguna respuesta”, continúa Guadalupe.

Y agrega que fueron ellos quienes realizaron la investigación que le correspondía a las autoridades, presentaron pruebas como los retiros de cajeros, montos y hora en que fueron realizados, ejerciendo presión constantemente, “logramos que se detuvieran a cuatro personas, incluido el jefe de seguridad de dicha empresa, a quienes se les imputó el delito de secuestro y no el de desaparición forzada”, narra la madre.

Por su parte los directivos de ICA Flour argumentaron ante las autoridades que Antonio usaba un arma, argumento que se derribó cuando se demostró que se trataba de una marcadora de gotcha, también aseguraron que el joven mantenía una relación sentimental con una mujer cuya pareja era un jefe del crimen organizado, lo cual también se refutó y desmintió en su momento.

Según los familiares del joven, las declaraciones fueron motivadas por la desesperación y con el afán de evitar cualquier responsabilidad en el caso, ya que Antonio era una pieza clave en aquella construcción, donde la inversión era de 2 mil millones de dólares y aunque él no manejaba dinero, la principal línea de investigación tiene sus bases en dicho proyecto.

“Mi hijo era vulnerable debido a que el contratista de otra constructora le preguntó por qué no había contratado a su empresa para realizar el proyecto y le habían dado el trabajo a otra compañía que tardaría más tiempo y por un monto más elevado; Antonio habló sobre el tema con su jefe de Distrito Federal, pero nunca recomendó a nadie, ni persuadió para cambiar alguna decisión, sin embargo las represalias pudieron provenir de esa situación, ya que el jefe de seguridad de la empresa, y hoy preso por estar involucrado en el caso de mi hijo, era también quien elegía quién trabajaba y quién no en el proyecto, y por lo tanto decidía a quién expedirle un contrato”, afirma Guadalupe.

También comenta que, “en el campo de la construcción se da con frecuencia el lavado de dinero, y para muestra, uno de los encargados de aquel proyecto hoy se encuentra en la cárcel, aunque desvinculado del caso de mi hijo, sí lo relacionaron con negocios ilícitos. Mientras tanto, los inculpados en el caso de Antonio y que hoy se encuentra en la cárcel, jamás han declarado que tengan algo que ver en la desaparición de mi hijo. Y las autoridades no ayudan, porque desgraciadamente las investigaciones son de papel, la de mi hijo tiene 16 tomos, y si cuenta con cinco detenidos, es porque nosotros averiguamos”.

Guadalupe afirma que “en México las autoridades brindaron la aquiescencia para que el crimen organizado se instalara en dicho estado y en todo el país, para que hicieran latrocinio y una larga lista de delitos sin que se les castigue. Como muestra, tan sólo los casos a los que le da seguimiento la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), no solamente les han dado un correcto seguimiento y una investigación seria, sino que tampoco han sido calificados por las autoridades como desapariciones forzadas, esto también nos ha instado ha iniciar una lucha para que se legisle una ley en donde se castigue directamente este delito y no sea tomado como secuestro”.

Y puntualiza que, “la desaparición forzada es un problema que carcome y mata a las familias de las víctimas, FUUNDEC ha visto madres que han muerto de tristeza, depresión, desesperación, desgaste. El primer caso de desaparición documentado por la organización fue en 2007 y de ahí a la fecha todos aquellos registrados en la organización son de jóvenes profesionistas que emigraron a otras ciudades por ofertas de trabajo de distintas empresas”.

La madre de Antonio asegura que gobierno y autoridades apuestan al desgaste físico y emocional de los familiares, a que se abandonen a los desaparecidos, producto de la devastación y la desmotivación, “a qué nos enfermemos e incluso a que muramos y el caso se cierre sin haber hecho nada, es así como en esta condición de indefensión vivimos y padecemos la más irracional y catastrófica de las experiencias sufridas. El crimen y la nula ayuda de las autoridades destruyó la confianza y armonía por la que trabajamos y tuvimos hijos a los que enseñamos el amor a la Patria, pero seguiremos luchando”.

FUUNDEC asegura que “las autoridades de seguridad presentaron mecanismos que se implementarían para buscar a los desaparecidos, una base de datos Ante Mortem y Post Mortem en colaboración con la Cruz Roja Internacional organizaría el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), en caso de post mortem habría cruces de información entre los Códigos Genéticos y el ADN de las familias, desafortunadamente todo ha quedado en papel o power point, podrán existir voluntades pero lo que faltan son obligaciones”.

De acuerdo con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, la cifra de personas desaparecidas, no localizadas y extraviadas es de 23 mil 271 hasta el 20 de enero de 2015, faltando la ‘cifra negra’. Por su parte FUUNDEC sentencia que “lo que se tiene el día de hoy es la consecuencia por no atender a tiempo las negligencias del Estado”.

Y aseguran que es importante que el Congreso revise los informes que México manda a todas las Organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional con las que ha firmado convenios, respecto a corrupción e impunidad en el caso de los desaparecidos, que haya transparencia total y se den a conocer los contenidos a la sociedad civil para evitar la simulación.

http://revoluciontrespuntocero.com/

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