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14 jornaleros permanecen detenidos en Ensenada; “si es un delito levantar nuestras voces asumimos la
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14 jornaleros permanecen detenidos en Ensenada; “si es un delito levantar nuestras voces asumimos la
Skorpio 26.06.15 18:12
14 jornaleros permanecen detenidos en Ensenada; “si es un delito levantar nuestras voces asumimos la responsabilidad”
Sánchez declaró, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que aunque existe el compromiso del gobierno federal de ayudar económicamente al movimiento para reunir el dinero de la fianza de cada uno de ellos, sin que hasta el día de hoy hayan tenido ningún acercamiento con funcionarios federales.
El líder jornalero añadió que hasta la fecha, no han podido ver o hablar con los detenidos, pero esperan que a la brevedad posible se lleve a cabo un encuentro, pues desconocen las condiciones en que se encuentran, tanto físicas como emocionales.
Consideró que el uso de la fuerza que el Estado utilizó en contra de los trabajadores del campo el pasado mayo, que dejó como saldo al menos 70 jornaleros heridos, siete de ellos de gravedad, fue completamente desproporcionado, pues “las únicas armas que tenemos son nuestras voces y la Constitución, el exigir el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo; si es un delito levantar nuestras voces y se tiene que pagar con cárcel, estamos dispuestos y asumimos la responsabilidad, pero las detenciones son injustas”, sostuvo.
Informó que el aumento en los sueldos que se logró conseguir, tras el diálogo con los dueños de los ranchos donde laboran miles de jornaleros agrícolas y las movilizaciones emprendidas por los mismos, para exigir mejoras en sus condiciones de vida, así como el respeto a sus derechos humanos y laborales, entrará en vigor la primera semana de julio.
Como se recordará, después de varias mesas de diálogo en las que participaron autoridades federales y estatales, se acordó el aumento del salario en tres categorías: A, 180 pesos; B, 165 y C, 150 pesos diarios; sin embargo, el planteamiento inicial de los jornaleros es que se les pagara mínimo 300 pesos por jornada laboral, días más tarde bajaron su demanda a 200, para mostrar su buena voluntad frente a la reticencia de los empleadores.
“Hicimos una propuesta inicial de 300 pesos, el 27 de marzo lo bajamos a 200 y a final de cuentas, quedaron esas tres categorías; sin embargo, consideramos que se consiguió algo histórico en nuestro país, sabemos que ningún sindicato ha podido conseguir siquiera el 10 % de incremento salarial y la Alianza de Organizaciones, junto con los compañeros jornaleros, sí lo conseguimos”, declaró Fidel Sánchez.
Otro de los acuerdos signados por autoridades federales y estatales con los jornaleros, fue el tema de que, en coordinación con representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como la estatal, los trabajadores agrícolas participarán en la categorización de las zonas laborales, pero en este punto tampoco ha habido avances.
“Ni de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal ni la del estado, se ha visto el trabajo; la misma ley establece que debe asesorar y defender a los trabajadores; prácticamente deberían ser los abogados de los trabajadores y tienen facultades para realizar inspecciones de las condiciones laborales en las diferentes empresas, pero hasta el día de hoy no se han hecho.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de sus visitadores, ha tenido diversos acercamientos con el movimiento de jornaleros, quienes han solicitado se realice un seguimiento permanente al tema y se acrediten las violaciones a los derechos humanos de que han sido objeto, pero la dependencia aún no ha emitido su posicionamiento al respecto.
“Hasta el día de hoy, la CNDH no nos ha informado qué es lo que ha podido establecer durante su labor de investigación y visitas a Baja California, esperamos que la primer semana del mes de julio entregaran un informe completo sobre si hubo o no violación a los derechos humanos de los compañeros”, declaró Fidel Sánchez.
Sin cuentas claras
En sesión ordinaria, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, que lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre “la probable violación de derechos humanos derivadas del posible uso excesivo de la fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín”.
Ante la falta de información sobre el tema de diversas dependencias federales, el Legislativo solicitó que la CNDH emita a la brevedad posible sus resoluciones sobre las agresiones a los jornaleros.
El Ejecutivo no quedó fuera del tema y se le solicitó que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; en un término no mayor a 15 días, informe sobre el avance del diálogo y los compromisos adquiridos con los trabajadores del Valle de San Quintín, así como de las acciones que llevará a cabo para garantizar los derechos laborales, de salud, educación, vivienda y libertad de expresión de los jornaleros.
Los legisladores emitieron un llamado a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la STPS para que implementen acciones para dar seguimiento a la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia a cargo de la experredista Rosario Robles, se le solicita que informe de las acciones que ha llevado a cabo a través del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, en especial en el Valle de San Quintín, Baja California.
Por: Cecilia Balderas / 26 junio, 2015
(26 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Fidel Sánchez Gabriel, uno de los voceros oficiales de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, informó que aún permanecen 14 trabajadores jornaleros detenidos -en el cerezo de Ensenada, acusados de robo calificado- tras las agresiones de que fueron objeto en la propiedad denominada Rancho Seco, a manos de la Policía Federal y estatal, y que la versión oficial calificó como un “enfrentamiento” en el Valle de San Quintín.
Sánchez declaró, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que aunque existe el compromiso del gobierno federal de ayudar económicamente al movimiento para reunir el dinero de la fianza de cada uno de ellos, sin que hasta el día de hoy hayan tenido ningún acercamiento con funcionarios federales.
El líder jornalero añadió que hasta la fecha, no han podido ver o hablar con los detenidos, pero esperan que a la brevedad posible se lleve a cabo un encuentro, pues desconocen las condiciones en que se encuentran, tanto físicas como emocionales.
Consideró que el uso de la fuerza que el Estado utilizó en contra de los trabajadores del campo el pasado mayo, que dejó como saldo al menos 70 jornaleros heridos, siete de ellos de gravedad, fue completamente desproporcionado, pues “las únicas armas que tenemos son nuestras voces y la Constitución, el exigir el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo; si es un delito levantar nuestras voces y se tiene que pagar con cárcel, estamos dispuestos y asumimos la responsabilidad, pero las detenciones son injustas”, sostuvo.
Informó que el aumento en los sueldos que se logró conseguir, tras el diálogo con los dueños de los ranchos donde laboran miles de jornaleros agrícolas y las movilizaciones emprendidas por los mismos, para exigir mejoras en sus condiciones de vida, así como el respeto a sus derechos humanos y laborales, entrará en vigor la primera semana de julio.
Como se recordará, después de varias mesas de diálogo en las que participaron autoridades federales y estatales, se acordó el aumento del salario en tres categorías: A, 180 pesos; B, 165 y C, 150 pesos diarios; sin embargo, el planteamiento inicial de los jornaleros es que se les pagara mínimo 300 pesos por jornada laboral, días más tarde bajaron su demanda a 200, para mostrar su buena voluntad frente a la reticencia de los empleadores.
“Hicimos una propuesta inicial de 300 pesos, el 27 de marzo lo bajamos a 200 y a final de cuentas, quedaron esas tres categorías; sin embargo, consideramos que se consiguió algo histórico en nuestro país, sabemos que ningún sindicato ha podido conseguir siquiera el 10 % de incremento salarial y la Alianza de Organizaciones, junto con los compañeros jornaleros, sí lo conseguimos”, declaró Fidel Sánchez.
Otro de los acuerdos signados por autoridades federales y estatales con los jornaleros, fue el tema de que, en coordinación con representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como la estatal, los trabajadores agrícolas participarán en la categorización de las zonas laborales, pero en este punto tampoco ha habido avances.
“Ni de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal ni la del estado, se ha visto el trabajo; la misma ley establece que debe asesorar y defender a los trabajadores; prácticamente deberían ser los abogados de los trabajadores y tienen facultades para realizar inspecciones de las condiciones laborales en las diferentes empresas, pero hasta el día de hoy no se han hecho.
En la minuta se estableció que habría una comisión de la Alianza de Organizaciones en las inspecciones, pero no ha llegado ese momento”, comentó a Revolución TRESPUNTOCERO el vocero de los trabajadores agrícolas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de sus visitadores, ha tenido diversos acercamientos con el movimiento de jornaleros, quienes han solicitado se realice un seguimiento permanente al tema y se acrediten las violaciones a los derechos humanos de que han sido objeto, pero la dependencia aún no ha emitido su posicionamiento al respecto.
“Hasta el día de hoy, la CNDH no nos ha informado qué es lo que ha podido establecer durante su labor de investigación y visitas a Baja California, esperamos que la primer semana del mes de julio entregaran un informe completo sobre si hubo o no violación a los derechos humanos de los compañeros”, declaró Fidel Sánchez.
Sin cuentas claras
En sesión ordinaria, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, que lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre “la probable violación de derechos humanos derivadas del posible uso excesivo de la fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín”.
Ante la falta de información sobre el tema de diversas dependencias federales, el Legislativo solicitó que la CNDH emita a la brevedad posible sus resoluciones sobre las agresiones a los jornaleros.
El Ejecutivo no quedó fuera del tema y se le solicitó que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; en un término no mayor a 15 días, informe sobre el avance del diálogo y los compromisos adquiridos con los trabajadores del Valle de San Quintín, así como de las acciones que llevará a cabo para garantizar los derechos laborales, de salud, educación, vivienda y libertad de expresión de los jornaleros.
Al gobernador de la entidad se le solicita hacer público su posicionamiento sobre el mismo tema.
Los legisladores emitieron un llamado a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la STPS para que implementen acciones para dar seguimiento a la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia a cargo de la experredista Rosario Robles, se le solicita que informe de las acciones que ha llevado a cabo a través del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, en especial en el Valle de San Quintín, Baja California.
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