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Los candidatos impuestos por el narco (México)
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Los candidatos impuestos por el narco (México)
Skorpio 09.07.13 17:55
Los candidatos impuestos por el narco
Tijuana. Jornada electoral 2013.
Foto: Xinhua / Guillermo Arias
8 de julio de 2013 - Este domingo 7 hubo elecciones en 14 entidades de la República Mexicana. En 13 de ellas se eligió a mil 348 presidentes municipales con sus respectivos ayuntamientos (más de la mitad de los municipios del país) y en nueve han ocurrido hechos de violencia (presuntamente perpetrados por el crimen organizado) contra los actores políticos implicados en los comicios.
Entre estos actos violentos destaca la muerte de 11 personas. Una de esas muertes fue producto de un enfrentamiento entre grupos políticos rivales, pero en los casos restantes las características de los atentados sí apuntan al crimen organizado. Los 10 asesinatos fueron de dos precandidatos, dos candidatos, dos familiares de un candidato, el familiar de un coordinador de campaña, un dirigente estatal del PRD, un dirigente municipal del PRI y un coordinador de campaña.
Entre otras acciones violentas del crimen organizado se encuentran los secuestros de un consejero distrital en Nuevo Laredo, Tamaulipas, perpetrado en marzo durante una sesión del órgano electoral y quien sigue desparecido; y el de un candidato a primer regidor en Boca del Río, Veracruz, el pasado lunes 1. Además hay amenazas, agresiones, incendios, ataques a balazos y con bombas molotov, robos de documentos y equipos y más.
Las únicas entidades en las que no ha habido hechos de violencia relacionados con los procesos electorales son Aguascalientes, Baja California, Coahuila (aquí asesinaron al líder de un partido político ya desaparecido, pero sin ninguna intervención en el actual proceso electoral), Hidalgo (donde únicamente se eligen diputados locales) y Tlaxcala. En cinco (Durango, Chihuahua, Oaxaca, Puebla y Sinaloa) hay muertos por atentados perpetrados presuntamente por el crimen organizado. En Veracruz, un muerto en un enfrentamiento entre priistas y panistas. En Tamaulipas y Veracruz, secuestros.
En el último mes se incrementaron los atentados contra candidatos y dirigentes de campaña o partidistas, pero el hecho no es exclusivo de estos procesos electorales; la intervención del crimen organizado es una constante en los últimos procesos electorales, particularmente los locales, al menos desde 2007. En octubre de ese año el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, Alejandro Sáenz, denunció que el narcotráfico quitaba y ponía candidatos y reconoció que no lograban encontrar aspirantes para las alcaldías de Ciudad Mier y Nueva Ciudad Guerrero.
Unos días después de su declaración se hicieron públicos los secuestros del candidato a alcalde de Ciudad Mante, Eliseo Trejo y del candidato a primer regidor del ayuntamiento de Reynosa y tesorero de la campaña, Rodrigo Moreno Ricart; y el 29 de noviembre de 2007 sacudió al país el asesinato del candidato del PT a la alcaldía de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.
No tiene sentido seguir el recuento, pues dos años y medio después el país se cimbró con el asesinato del candidato priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Y el 7 diciembre de 2011, desde Monterrey, el entonces presidente Felipe Calderón reconoció la presencia del crimen organizado en las elecciones: “En Michoacán el crimen amenazó y bajó de la candidatura a 50 candidatos, de todos, del PRI, PAN y PRD, porque les dijeron: ‘O te alineas con nosotros o te desaparezco’. Renunciaron. Es un problema grave y no es una cosa ni personal ni partidista, es un asunto que debe verse con esa mira de Estado”.
Al crimen organizado le interesa controlar a las autoridades locales porque su colaboración (activa o pasiva) es fundamental para el desarrollo de sus operaciones delictivas. Por ello no es casual que, según datos de la Federación Nacional de Municipios de México, como difundió el portal de CNN México el miércoles 3, “en los últimos cuatro años han sido asesinados mil 200 funcionarios municipales, de los cuales 34 eran alcaldes”.
Pero el control del crimen organizado empieza precisamente desde los procesos electorales; son ellos los que “quitan y ponen candidatos”, como denunció hace seis años el dirigente panista de Tamaulipas. Los asesinatos, secuestros y demás hechos violentos son simplemente una de las manifestaciones de este mal que lamentablemente hoy está muy arraigado en la vida política nacional y penetra a todos los partidos políticos.
El crimen organizado incide en los procesos electorales al menos en cuatro ámbitos: en la designación de candidatos, en el financiamiento de sus campañas, en la delimitación de sus posibilidades reales de hacer campaña y de difundir sus propuestas y en el control del voto ciudadano. Las primeras dos son las que más reflectores reciben, aunque –hasta hoy– no hay ningún caso probado de intervención del crimen organizado. Pero las otras dos son igualmente relevantes y también afectan el resultado electoral.
Los delincuentes deciden quién y dónde puede hacer campaña; qué pueden difundir los medios de comunicación de las diversas localidades, con lo cual no hay igualdad de condiciones para buscar el voto ciudadano; pero además también inhiben el voto libre y secreto en las comunidades pequeñas, obligando a votar por un determinado candidato o partido, y en las mayores porque los electores temen ser víctimas de la violencia o no tienen opciones reales ante la imposición de candidaturas.
En general las autoridades se niegan a reconocer la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, pero más por las dos últimas vías, porque ello implicaría reconocer que “los espacios públicos han sido capturados por actores criminales y la sociedad… está a merced de estos criminales”, como señaló, en referencia a la situación de Tamaulipas, Carlos Flores, profesor de la Universidad de Connecticut, al Wall Street Journal, lo que reprodujo el diario regiomontano El Norte el 21 de noviembre de 2010.
Ésta es la realidad mexicana y la concentración de procesos electorales locales de 14 entidades en un solo día lo único que hizo fue mostrarla diáfanamente. Garantizar la seguridad de los candidatos y permitir que los ciudadanos acudieran a sufragar no cambió nada; los grupos de la delincuencia organizada ya impusieron a sus candidatos para muchos de los puestos que ayer se eligieron.
http://www.proceso.com.mx/?p=346933
Tijuana. Jornada electoral 2013.
Foto: Xinhua / Guillermo Arias
8 de julio de 2013 - Este domingo 7 hubo elecciones en 14 entidades de la República Mexicana. En 13 de ellas se eligió a mil 348 presidentes municipales con sus respectivos ayuntamientos (más de la mitad de los municipios del país) y en nueve han ocurrido hechos de violencia (presuntamente perpetrados por el crimen organizado) contra los actores políticos implicados en los comicios.
Entre estos actos violentos destaca la muerte de 11 personas. Una de esas muertes fue producto de un enfrentamiento entre grupos políticos rivales, pero en los casos restantes las características de los atentados sí apuntan al crimen organizado. Los 10 asesinatos fueron de dos precandidatos, dos candidatos, dos familiares de un candidato, el familiar de un coordinador de campaña, un dirigente estatal del PRD, un dirigente municipal del PRI y un coordinador de campaña.
Entre otras acciones violentas del crimen organizado se encuentran los secuestros de un consejero distrital en Nuevo Laredo, Tamaulipas, perpetrado en marzo durante una sesión del órgano electoral y quien sigue desparecido; y el de un candidato a primer regidor en Boca del Río, Veracruz, el pasado lunes 1. Además hay amenazas, agresiones, incendios, ataques a balazos y con bombas molotov, robos de documentos y equipos y más.
Las únicas entidades en las que no ha habido hechos de violencia relacionados con los procesos electorales son Aguascalientes, Baja California, Coahuila (aquí asesinaron al líder de un partido político ya desaparecido, pero sin ninguna intervención en el actual proceso electoral), Hidalgo (donde únicamente se eligen diputados locales) y Tlaxcala. En cinco (Durango, Chihuahua, Oaxaca, Puebla y Sinaloa) hay muertos por atentados perpetrados presuntamente por el crimen organizado. En Veracruz, un muerto en un enfrentamiento entre priistas y panistas. En Tamaulipas y Veracruz, secuestros.
En el último mes se incrementaron los atentados contra candidatos y dirigentes de campaña o partidistas, pero el hecho no es exclusivo de estos procesos electorales; la intervención del crimen organizado es una constante en los últimos procesos electorales, particularmente los locales, al menos desde 2007. En octubre de ese año el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, Alejandro Sáenz, denunció que el narcotráfico quitaba y ponía candidatos y reconoció que no lograban encontrar aspirantes para las alcaldías de Ciudad Mier y Nueva Ciudad Guerrero.
Unos días después de su declaración se hicieron públicos los secuestros del candidato a alcalde de Ciudad Mante, Eliseo Trejo y del candidato a primer regidor del ayuntamiento de Reynosa y tesorero de la campaña, Rodrigo Moreno Ricart; y el 29 de noviembre de 2007 sacudió al país el asesinato del candidato del PT a la alcaldía de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.
No tiene sentido seguir el recuento, pues dos años y medio después el país se cimbró con el asesinato del candidato priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Y el 7 diciembre de 2011, desde Monterrey, el entonces presidente Felipe Calderón reconoció la presencia del crimen organizado en las elecciones: “En Michoacán el crimen amenazó y bajó de la candidatura a 50 candidatos, de todos, del PRI, PAN y PRD, porque les dijeron: ‘O te alineas con nosotros o te desaparezco’. Renunciaron. Es un problema grave y no es una cosa ni personal ni partidista, es un asunto que debe verse con esa mira de Estado”.
Al crimen organizado le interesa controlar a las autoridades locales porque su colaboración (activa o pasiva) es fundamental para el desarrollo de sus operaciones delictivas. Por ello no es casual que, según datos de la Federación Nacional de Municipios de México, como difundió el portal de CNN México el miércoles 3, “en los últimos cuatro años han sido asesinados mil 200 funcionarios municipales, de los cuales 34 eran alcaldes”.
Pero el control del crimen organizado empieza precisamente desde los procesos electorales; son ellos los que “quitan y ponen candidatos”, como denunció hace seis años el dirigente panista de Tamaulipas. Los asesinatos, secuestros y demás hechos violentos son simplemente una de las manifestaciones de este mal que lamentablemente hoy está muy arraigado en la vida política nacional y penetra a todos los partidos políticos.
El crimen organizado incide en los procesos electorales al menos en cuatro ámbitos: en la designación de candidatos, en el financiamiento de sus campañas, en la delimitación de sus posibilidades reales de hacer campaña y de difundir sus propuestas y en el control del voto ciudadano. Las primeras dos son las que más reflectores reciben, aunque –hasta hoy– no hay ningún caso probado de intervención del crimen organizado. Pero las otras dos son igualmente relevantes y también afectan el resultado electoral.
Los delincuentes deciden quién y dónde puede hacer campaña; qué pueden difundir los medios de comunicación de las diversas localidades, con lo cual no hay igualdad de condiciones para buscar el voto ciudadano; pero además también inhiben el voto libre y secreto en las comunidades pequeñas, obligando a votar por un determinado candidato o partido, y en las mayores porque los electores temen ser víctimas de la violencia o no tienen opciones reales ante la imposición de candidaturas.
En general las autoridades se niegan a reconocer la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, pero más por las dos últimas vías, porque ello implicaría reconocer que “los espacios públicos han sido capturados por actores criminales y la sociedad… está a merced de estos criminales”, como señaló, en referencia a la situación de Tamaulipas, Carlos Flores, profesor de la Universidad de Connecticut, al Wall Street Journal, lo que reprodujo el diario regiomontano El Norte el 21 de noviembre de 2010.
Ésta es la realidad mexicana y la concentración de procesos electorales locales de 14 entidades en un solo día lo único que hizo fue mostrarla diáfanamente. Garantizar la seguridad de los candidatos y permitir que los ciudadanos acudieran a sufragar no cambió nada; los grupos de la delincuencia organizada ya impusieron a sus candidatos para muchos de los puestos que ayer se eligieron.
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