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Crimen de estado y clase política desvergonzada. El asesinato de tres y la desaparición de 43 estudi
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Crimen de estado y clase política desvergonzada. El asesinato de tres y la desaparición de 43 estudi
Skorpio 03.11.14 0:18
Crimen de estado y clase política desvergonzada
por Francisco Dominguez Canseco
28 octubre, 2014
El asesinato de tres y la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el 26 de septiembre, de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayozinapa es un crimen de Estado. Las víctimas son jóvenes pobres, que decidieron estudiar para ser profesores rurales; en nuestro país ser joven y pobre es una condición social peligrosa.
Las cifras de desapariciones y muertes violentas de jóvenes se han convertido en parte de la cotidiana de nuestro país, así lo confirman.
Los jóvenes normalistas realizaban protestas en defensa de la educación pública; ya que las instituciones de educación normal rural han sido condenadas por el actual régimen a desaparecer, porque representa un modelo de educación pública campesina y popular que no favorece el modelo neoliberal adoptado por el gobierno federal. Las normales rurales del país se resisten a desaparecer, han soportado recortes económicos y represión política.
La información que hemos recibido, durante estos largos días de protestas y demandas para que aparezcan con vida los 43 normalistas, es la enorme pobreza en que viven y estudian los normalistas; sus comunidades de origen son de exclusión social y pobreza, sus familias han aportado testimonios de una vida de privaciones y esfuerzos para sus hijos estudien.
Porque se afirma que es un crimen de Estado lo ocurrido a los estudiantes normalista; quienes asesinaron y detuvieron a los jóvenes son policías, que ahora sabemos, recibieron órdenes de autoridades municipales para detenerlos y desaparecerlos. Los crímenes de estado son perpetuados por agentes del estado, tales como gobernantes, funcionarios, policías y aquellos personas que tenga cargo en los gobiernos, comprenden asesinatos, tortura, violación, encarcelamiento o persecución y pude ser por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos.
También se les conoce como crímenes de lesa humanidad, ya que ofende, lastima a la humanidad como el caso de los estudiantes normalista. El asesinato de tres y desaparición de cuarenta y tres es por motivos políticos. Su caso es un ejemplo directo de las violencias y la inseguridad humana que vivimos en el país; es la confirmación contundente de que el gobierno federal ha postergado la implementación de una política pública integral de prevención y seguridad humana.
Es un caso en el que las evidencias, confirman la relación de crimen organizado con la clase gobernante y partidaria, explica el origen de la violencia que vivimos y el fracaso de las políticas gubernamentales en materia de seguridad, lo ocurrido en Iguala, es una prueba irrefutable de ello.
También confirma que existen gobiernos capturados por la delincuencia y la presencia de dinero sucio en la actividad política partidaria y electoral.
El otro aspecto de la tragedia que vivimos es el comportamiento cómplice, irresponsable y oportunista del gobierno federal, quien con el apoyo de las televisoras comerciales juega con el dolor de las familias al litigar en los medios de comunicación los procesos de investigación de la desaparición de los jóvenes.
Ello revela una profunda descomposición institucional y política, quienes gobierna han perdido la capacidad de ofrecer resultados confiables a la sociedad y demuestran una enorme incapacidad para gobernar. Confirma una pérdida del estado de derecho y con ello el aumento de la impunidad.
Un último asunto, nada menor, es el papel que juega la clase política partidaria, quien entre el silencio, la justificación y la conveniencia política enredan y enturbian el contexto político al utilizar la tragedia en su provecho.
Acusa y exigen investigación y castigo, olvidando su responsabilidad frente a la situación que vivimos. Ahora vemos como Jesús Zambrano, Manlio Fabio Beltrones, Ernesto Cordero y Emilio Gamboa, exigen que Andrés Manuel López Obrador colabore con la Procuraduría General de la República, ya que a juicio de ellos, sabia quien era el alcalde de Iguala; no dejan pasar la oportunidad de denostar al líder de Morena y con ello exhiben su vileza humana.
Sin duda el caso de los estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayozinapa nos han puesto, como nación, en la oportunidad de saber para cómo están formadas y para qué sirven las instituciones del país, pero sobre todo, para saber qué tipo de la clase política partidaria y gobernante tenemos. Además suscribo la exigencia de aparición con vida de los 43 normalistas, cese a las represalias y hostigamiento a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la renuncia del procurador general de la república. Usted qué opina amable lectora o lector.
dominguezfran60@gmail.com
por Francisco Dominguez Canseco
28 octubre, 2014
El asesinato de tres y la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el 26 de septiembre, de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayozinapa es un crimen de Estado. Las víctimas son jóvenes pobres, que decidieron estudiar para ser profesores rurales; en nuestro país ser joven y pobre es una condición social peligrosa.
Las cifras de desapariciones y muertes violentas de jóvenes se han convertido en parte de la cotidiana de nuestro país, así lo confirman.
Jesús Murillo Karam no puede al frente de la Procuración General de Justicia del país
Los jóvenes normalistas realizaban protestas en defensa de la educación pública; ya que las instituciones de educación normal rural han sido condenadas por el actual régimen a desaparecer, porque representa un modelo de educación pública campesina y popular que no favorece el modelo neoliberal adoptado por el gobierno federal. Las normales rurales del país se resisten a desaparecer, han soportado recortes económicos y represión política.
La información que hemos recibido, durante estos largos días de protestas y demandas para que aparezcan con vida los 43 normalistas, es la enorme pobreza en que viven y estudian los normalistas; sus comunidades de origen son de exclusión social y pobreza, sus familias han aportado testimonios de una vida de privaciones y esfuerzos para sus hijos estudien.
Porque se afirma que es un crimen de Estado lo ocurrido a los estudiantes normalista; quienes asesinaron y detuvieron a los jóvenes son policías, que ahora sabemos, recibieron órdenes de autoridades municipales para detenerlos y desaparecerlos. Los crímenes de estado son perpetuados por agentes del estado, tales como gobernantes, funcionarios, policías y aquellos personas que tenga cargo en los gobiernos, comprenden asesinatos, tortura, violación, encarcelamiento o persecución y pude ser por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos.
También se les conoce como crímenes de lesa humanidad, ya que ofende, lastima a la humanidad como el caso de los estudiantes normalista. El asesinato de tres y desaparición de cuarenta y tres es por motivos políticos. Su caso es un ejemplo directo de las violencias y la inseguridad humana que vivimos en el país; es la confirmación contundente de que el gobierno federal ha postergado la implementación de una política pública integral de prevención y seguridad humana.
Es un caso en el que las evidencias, confirman la relación de crimen organizado con la clase gobernante y partidaria, explica el origen de la violencia que vivimos y el fracaso de las políticas gubernamentales en materia de seguridad, lo ocurrido en Iguala, es una prueba irrefutable de ello.
También confirma que existen gobiernos capturados por la delincuencia y la presencia de dinero sucio en la actividad política partidaria y electoral.
El otro aspecto de la tragedia que vivimos es el comportamiento cómplice, irresponsable y oportunista del gobierno federal, quien con el apoyo de las televisoras comerciales juega con el dolor de las familias al litigar en los medios de comunicación los procesos de investigación de la desaparición de los jóvenes.
Ello revela una profunda descomposición institucional y política, quienes gobierna han perdido la capacidad de ofrecer resultados confiables a la sociedad y demuestran una enorme incapacidad para gobernar. Confirma una pérdida del estado de derecho y con ello el aumento de la impunidad.
Un último asunto, nada menor, es el papel que juega la clase política partidaria, quien entre el silencio, la justificación y la conveniencia política enredan y enturbian el contexto político al utilizar la tragedia en su provecho.
Acusa y exigen investigación y castigo, olvidando su responsabilidad frente a la situación que vivimos. Ahora vemos como Jesús Zambrano, Manlio Fabio Beltrones, Ernesto Cordero y Emilio Gamboa, exigen que Andrés Manuel López Obrador colabore con la Procuraduría General de la República, ya que a juicio de ellos, sabia quien era el alcalde de Iguala; no dejan pasar la oportunidad de denostar al líder de Morena y con ello exhiben su vileza humana.
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