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UN TENIENTE ES DECLARADO CULPABLE Y CONDENADO AUN CUANDO ES INOCENTE.

#TANGO

POR INFLUENCIAS DE LA CNDH, UN TENIENTE ES DECLARADO CULPABLE Y CONDENADO AUN CUANDO ES INOCENTE.

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Hace 16 años Francisco supo que su oficio era servir al país, y así lo hizo; pero en los últimos 10 años tuvo que salir de su cuartel para combatir a grupos del crimen organizado. Hoy está acusado por la muerte de un civil que les disparó durante una emboscada, por lo que recibió una sentencia a 30 años de prisión.

Desde el 31 de marzo de 2016, cuando recibió la sentencia por parte del juez del fuero civil, todavía se pregunta: ¿Por qué a mí si yo no lo maté?

A partir del 4 de junio de 2013 que fue detenido e ingresado a la prisión militar, el teniente Aguilar Cisneros tuvo que dejar su arma y ahora se dedica a hacer cuadros de madera para tener ingresos.

Salió vivo de ocho enfrentamientos contra grupos criminales, los últimos en el estado de Guerrero donde fue enviado a recobrar la seguridad para la sociedad de Tierra Caliente, pero unas quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por familiares de uno de los agresores que falleció, le arrebataron su sueño de llegar a ser general de la Defensa Nacional.

Militares: "A guerra contra el narco le falta certeza jurídica".

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Militares: "A guerra contra el narco le falta certeza jurídica".
Acusan que no fueron capacitados para labores de seguridad pública, por eso 389 son procesados. De esos, 53 fueron sentenciados a prisión y 118 están en juicio.
Un grupo de 18 integrantes del Ejército que se encuentran sentenciados hasta con 31 años de prisión o bajo procesos penales hicieron un llamado al Poder Judicial, al Congreso de la Unión y al presidente Enrique Peña Nieto, para que se de certidumbre jurídica a las tareas que realizan las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico.
En una carta advierten que fueron utilizados por el Estado al sacarlos de sus cuarteles para realizar trabajos de seguridad sin un marco jurídico y sin la preparación necesaria, y que ellos están entrenados para otras situaciones.
“El señor Felipe Calderón, ex comandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado, aunque con un poco de condescendencia podríamos aceptar que fue dicho de buena fe, amén de la confusión que generó y sus trágicas consecuencias”.
En el texto fechado en la prisión del Campo Militar 1-A, capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos cabos y soldados sentenciados aseguraron que el narcotráfico fue un experimento fallido que dejó víctimas colaterales, entre otros, ellos mismos.
En el documento en poder de EL UNIVERSAL, indican que los daños colaterales causados por la salida de las Fuerzas Armadas de sus cuarteles se debe a que no recibieron la capacitación para hacer las funciones de seguridad, que corresponden a las policías.
“Es nuestro deseo abandonar nuestra postura y pedir por conducto del medio que se nos escuche, que nos preste un poco de su atención la persona que en turno dirige la nación, el Poder Judicial y más que nadie el Honorable Congreso de la Unión, que es donde está reunida la voluntad general.
“Nosotros, los militares de la primera línea, de soldado raso a capitán, fuimos ‘usados’ por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”.
Ante la situación de inseguridad por la que atraviesa el país y su salida a las calles para hacer frente a las organizaciones criminales, los firmantes cuestionan qué manual tendrían que aplicar. “Nuestra doctrina militar dice que para la conducción de operaciones para el mantenimiento del Estado de derecho deben utilizarse los manuales militares y la pregunta es ¿cuál manual? ¿El de guerra irregular, el de táctica de operaciones especiales? ¿Cuál?”.
En seis cuartillas comentan que fueron empleados en funciones que por ley correspondían a otras autoridades y, aunque acudieron al llamado con toda la voluntad, no fue suficiente.
“No basta una buena intención, es necesaria una completa capacitación y la indefectible certidumbre jurídica”, aseguran.
Advierten que fueron instruidos para una guerra irregular, con tácticas de armas y operaciones especiales.
Indican que su situación en prisión se debe a injusticias que parten de un punto: “Fuimos usados por el Estado mexicano; se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente.
“Fue esa guerra la que hizo que el Ejército realizara una función para la cual no fue instruido, dando pie a una obviedad: los ‘errores’, mejor conocidos como daños colaterales, y es por esos daños que se siguen procesos y se han dictado sentencias a muchos militares”, explican.
Los firmantes mencionan que los jueces que llevan sus casos y el aparato de gobierno “no alcanzan a comprender la ingente diferencia entre deber ser y poder hacer, de donde se desprende que es cierto que todos debemos procurar el bienestar público, pero que sólo podrán hacerlo aquellos que estén capacitados para ello”.
Señalan que los jueces no toman en cuenta que no fueron capacitados para hacer labores que no les correspondían y que por su naturaleza ese deber encomendado por el entonces presidente Felipe Calderón, “no se iba a cumplir satisfactoriamente”.
[size=16]La carta termina retomando algunas frases que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha emitido en algunos actos públicos.[/size]

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Fuerzas Armadas Mexicanas: "Jamás digas no puedo ni de broma,

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[size=16]Buen día tropa, así es como le hace la administración de esta pagina.[/size]

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Fuerzas Armadas Mexicanas: "Jamás digas no puedo ni de broma,

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[size=16]¿Donde quedan los derechos humanos de nuestras familias?[/size]

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El general no tiene quien le escriba.

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El general no tiene quien le escriba.
El coronel esperó esa carta por cerca de tres lustros, esperó la carta que al anunciar su pensión cambiaría su vida. Fiel, puntualmente y sin perder la esperanza, acudió cada semana al correo en busca de esa carta que transformaría todo de ese mensaje que nunca llegó. Este es el protagonista de la novela que, en 1961, publicó Gabriel García Márquez bajo el título de El coronel no tiene quien le escriba.
Hoy, el general y sus tropas llevan años esperando quién les escriba. Los mensajes no llegan, por el contrario, cada día se les exige más presencia, más acción y asumir más responsabilidades.
Llevan años aguardando por un marco jurídico que reconozca las nuevas realidades que enfrentan. “Los soldados –afirmó el general Cienfuegos– ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar los derechos humanos, o que sean procesados por desobedecer”.
Llevan años esperando la renovación y la preparación de cuerpos policíacos a nivel estatal y municipal. Años aguardando a que cada una de las instituciones con responsabilidades en materia de seguridad cumplan con su mandato.
Ante la ausencia de mensajes y hechos contundentes, el general ya puso sus cartas sobre la mesa: “Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”.
Y en este punto, la esquizofrenia se fortalece día con día. Mientras un sector reclama el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, sectores amplios de la población, así como gobernadores y alcaldes en territorios tomados y/o amenazados por el crimen y la delincuencia organizada, piden justamente lo contrario: no sólo que no regresen a sus cuarteles, sino que permanezcan e incluso fortalezcan su presencia y participación.
Frente a las voces que con razones legítimas reclaman que el Ejército no está preparado para muchas de las tareas que hoy se le exigen, la respuesta del general secretario fue también contundente: “No nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”.
Y a diferencia del protagonista de García Márquez, que siempre esperó correspondencia, que nunca escribió sus propias cartas y que aguardó pacientemente, el general ha escrito sus cartas, ha compartido el contenido de las mismas desde su ronco pecho y también reclama, ya con impaciencia, por las respuestas que siguen sin llegar a su institución.
Los mismos soldados que auxiliaron a un delincuente con apego a derechos humanos en Sinaloa, fueron acribillados el mismo día por los cómplices de la banda. En nuestro país, salvo muy raras excepciones, se conocen y menos aún se honran a mujeres y hombres que han dado su vida en defensa de nosotros.
Hace no mucho tiempo, le pregunté a un alto mando del Ejército Mexicano, en una de las entidades con mayor incidencia delictiva, sobre cómo desde la ciudadanía podíamos contribuir, me respondió: “Ayuden en dos asuntos concretos y fundamentales: primero les pido que cuando se topen con un soldado lo volteen a mirar y al menos lo saluden. La indiferencia de una gran parte de la población con nuestra tropa es creciente y en ocasiones lo que reciben son ofensas y desprecio. En segundo lugar, les pido que nos unamos para recuperar el orgullo de ser soldado. Hay quienes ya no quieren portar sus uniformes, pues lo que reciben a cambio es todo menos aliento y reconocimiento”.
El mensaje del general no tuvo desperdicio. Reconoció que 2016 no había sido un buen año; que la violencia e inseguridad no se pueden resolver a balazos; hizo duros cuestionamientos al Nuevo Sistema de Justicia Penal y su balance fue que la muerte de mexicanos, “del lado que sea”, no debió haber sucedido.
Cada una de las cartas del general y sus tropas tienen destinatario. Autoridades en todos los órdenes de gobierno, partidos políticos, legisladores, ciudadanos. La voz del general retumba fuerte porque exige que no se normalice lo que está sucediendo y que el buzón, hasta hora casi vacío de las Fuerzas Armadas, reciba con urgencia y responsabilidad la tan anhelada correspondencia. No queremos un país militarizado, pero tampoco unas Fuerzas Armadas a las que se exige de todo sin un marco legal que dé certeza.
[size=16]Porque la única respuesta que no podemos permitirnos es justamente la que da el coronel a su esposa cuando lo increpa y le pregunta: “Dime, qué comemos”. El coronel responde: “Mierda".[/size]

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Con el nuevo sistema de justicia debemos evitar matar sicarios.

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Con el nuevo sistema de justicia debemos evitar matar sicarios.
“Ahora tenemos que cuidar muchas cosas por el Nuevo Sistema de Justicia… El ejército ahora está limitado para actuar”, dice sargento entrevistado en Michoacán.
Gonzalo es un sargento primero asignado en la XII Región Militar y a sus 36 años de edad su prometedora carrera en el Ejército se estancó por el tiempo que dedicó luchando durante la última década contra al menos diez células criminales de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Querétaro, y ejerciendo funciones de policía en las calles de esos estados a falta de elementos confiables.
A su reciente paso por Michoacán, el último lugar donde fue asignado a tareas de prevención al delito, Gonzalo –cuyo nombre real es reservado- lamenta que la salida del Ejército a las calles represente un obstáculo más para quienes ingresan a la milicia con la aspiración de ascender en el organigrama.
“Ya no es como antes, antes teníamos tiempo de servir a la patria y prepararnos al mismo tiempo para los procesos internos, para subir de rango”, menciona en entrevista para La Silla Rota.
El militar originario de la Ciudad de México, pero radicado en Michoacán desde niño, ingresó al Ejército cuando tenía 18 años y muy pronto su pasión por las fuerzas armadas, su entrenamiento y su capacidad de liderazgo lo llevaron a pasar de soldado a cabo y luego a ascender a sargento segundo y sargento primero.
Gonzalo, un hombre moreno de 1.75 de estatura, reconoce que los soldados que salieron a las calles en la llamada Operación Conjunta Michoacán –la cual desplegó el presidente Felipe Calderón con la participación de policías federales y militares-, en pocos meses agotaba al personal ante el estrés que generaba sufrir emboscadas o ataques desde cerros o en brechas.
“Cuando estaba el presidente Calderón nos enviaron a las calles, empezamos a ser como los policías municipales, nos agotaban las jornadas pero sabíamos que en cualquier momento podría haber enfrentamientos. Teníamos que estar alertas siempre”, señaló.
Tras más de diez años de que el Ejército asumió la seguridad en diversas regiones de Michoacán, el soldado entrevistado afirma que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ahora limita a las fuerzas armadas, hasta el punto en que en un enfrentamiento se tiene que disparar de forma precisa para evitar matar a sicarios que, en la mayoría de los casos, portan armamento de guerra como lanzagranadas y rifles de grueso calibre.
“Ahora tenemos que cuidar muchas cosas por el Nuevo Sistema de Justicia, esperemos unos dos años a que concluya el actual gobierno federal para ver qué decisión sobre nosotros toma el nuevo presidente. El ejército ahora está limitado para actuar”, menciona con cierta cautela.
En la última década, Gonzalo ha participado en operaciones contra grupos criminales y cárteles como el del Golfo, Sinaloa, Los Zetas, Los Valencia, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los H-3, Los Viagras y La Nueva Familia Michoacana, entre otros. Sus tareas además han incluido estar en las calles supliendo las labores de policías estatales y municipales, ante la baja de corporaciones por pérdida de confianza.

Le llueven denuncias al Ejército

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán reporta que en este 2016 suman seis quejas contra el Ejército en Michoacán, mientras que en 2015 se registraron 12 y en 2014 fueron 33. Sin embargo, el organismo cuenta con 154 expedientes abiertos contra la milicia en 2013, 244 en 2012 y 349 en el 2011... justo los primeros años después de anunciarse el Operativo Conjunto Michoacán de Felipe Calderón, que pretendía acabar con los cárteles de la droga.
En 2010 se registraron 168 quejas contra el Ejército, mientras que en 2009 fueron 406 y en 2008 hubo 318. En 2007 la cifra se ubicó en 127.
De acuerdo con la CEDH, los principales motivos de queja son presuntas detenciones ilegales, cateos y visitas domiciliarias sin órdenes legales, empleo arbitrario de la fuerza pública y abuso de autoridad.
[size=16]Cabe mencionar que las mil 817 quejas captadas en la última década por la CEDH en contra del Ejército, fueron canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que continúa con las investigaciones.[/size]

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Fuerzas Armadas Mexicanas: "Jamás digas no puedo ni de broma,

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¿El último recurso es el único recurso?
Sin la milicia en labores de seguridad pública, no existe otra institución para proteger a la ciudadanía.
Mientras el Estado sea incapaz de crear instituciones policíacas profesionales, bien adiestradas, equipadas y honradas, no existen condiciones para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles.
El problema es que sin la milicia en labores de seguridad pública, no existe otra institución para proteger a la ciudadanía ante el grave problema de la delincuencia.
Han transcurrido diez años, largos, desde que el presidente de la República, Felipe Calderón, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico, y en tanto tiempo prácticamente ningún gobernador o presidente municipal ha sido responsable, capaz de certificar a sus policías, y menos ofrecer a los ciudadanos la seguridad que necesitan.
¿Sacar a los militares de las calles significa que los mandatarios estatales y municipales por fin van a hacer su trabajo?
Según ellos para eso están los soldados, y no les cuestan. ¿Para que abandonar su zona de confort? ¿Para qué correr riesgos políticos impopulares?
Estamos atrapados en un círculo vicioso, discutiendo cómo apagamos el fuego… y no como lo evitamos.
El Ejército, en cualquier país, debe de ser el último recurso cuando ocurren fenómenos que el poder civil no puede enfrentar, pero en México, el último recurso es el único recurso.
Si en este momento la milicia regresa a los cuarteles, sin garantías de seguridad ciudadana, enfrentaremos una ola mucho mayor de delincuencia organizada y desorganizada; el gobierno federal topará con un problema de criminalidad agravada, sobre todo porque la gran mayoría de las policías “civiles” están infiltradas y manipuladas por la delincuencia; esa es la parte grave del problema.
Por todo esto, urge otorgar un marco legal a las Fuerzas Armadas, para delimitar su área de acción, pero también una Ley de Seguridad Interior y de Seguridad Pública, que responsabilice a la autoridad civil de sus deberes; que defina severos castigos a los incumplidos.
Dar solamente certeza jurídica al desempeño de la milicia en labores de seguridad interior no va a resolver el problema de fondo.
Para regresar a los soldados a los cuarteles primero hay que fortalecer las instituciones policíacas, estatales y municipales con recursos suficientes para equiparlas y adiestrar a sus elementos. Se necesitan plazos y objetivos concretos, una hoja de ruta para construir policías dignas, profesionales y eficaces.
¿Habrá que esperar otros diez años para mejorar lo que ha empeorado?

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